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La
investigación comenzó hace ocho meses, cuando la lupa judicial se posó sobre
una destilería clandestina de Valentín Alsina, partido de Lanús, por un
presunto caso de contaminación ambiental.
Multimillonario
robo de combustible: sacaban petróleo de un oleoducto y después de refinarlo lo
vendían. Durante allanamientos en
cuatro provincias, los investigadores habrían detenido a 23 miembros de la
organización. El inmenso desfalco alcanzaría la suma de US$ 5 millones de dolares anuales.
La
investigación de la Policía Federal Argentina fue comunicada a la fiscal
federal Cecilia Incardona, que trabajo en conjunto con oficiales y suboficiales
de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, en primera instancia
bajo la sospecha de contaminación ambiental por arrojamiento de líquidos
combustibles en la cuenca Matanza - Riachuelo, y que tuvo como derivación el
acceso a una verdadera organización criminal montada para la extracción del
petróleo mediante la aplicación de un by pass en el caño maestro - ducto para el
transporte de petróleo- la extracción y el transporte del combustible, su
refinado para volverlo combustible -vertiendo los desechos en la cuenca Matanza
- Riachuelo.
Luego de 39
allanamientos en el sur del conurbano bonaerense una investigación sobre
contaminación ambiental derivó en el descubrimiento de una organización
criminal dedicada al robo a gran escala de petróleo de un oleoducto de YPF: lo
extraían mediante un by pass, lo refinaban en destilerías clandestinas y lo
vendían como combustible en estaciones de servicio "sin bandera" y a
productores agropecuarios.
La causa,
iniciada en octubre del año pasado, investiga el accionar de una organización
criminal que se apoderaba ilegalmente de petróleo propiedad del Estado nacional
y contaba con una compleja estructura comercial para destilar y refinar el
crudo, y finalmente insertar los productos derivados en el mercado formal e
informal.
"Los
integrantes de la organización realizaban todo el circuito comercial, desde la
extracción hasta el transporte y, en algunos casos, la destilación en una
planta clandestina, que vertía los desechos en la cuenca
Matanza-Riachuelo", según informó la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de
Zamora en un comunicado de prensa. La causa esta caratulada como la presunta
infracción a la ley nacional N° 24.051 que es la referida a los Residuos
Peligrosos.
El 1° de
febrero pasado se descubrió una pinchadura en el oleoducto en cercanías de
Bahía Blanca. No era la primera vez que ocurría: los primeros daños habían sido
hace tres años.
Fuentes
judiciales indicaron que entre los veinte sospechosos identificados figuran los
miembros del grupo que se encargaba de hacer el pozo y realizar la pinchadura
en el oleoducto para robar petróleo, los integrantes que se dedicaban al
transporte hasta las destilerías clandestinas y el capitalista, que armó la
maniobra y acercó el dinero para comprar los camiones, los tanques y máquinas
para procesar el crudo sustraído.
El jefe de
la banda y cerebro de la operación delictiva fue uno de los primeros
sospechosos en ser capturado. Según fuentes policiales, el imputado fue
apresado, durante la mañana, por los efectivos de la División Delitos
Ambientales de la Policía Federal, durante el allanamiento contra una
destilería clandestina situada en Olavarría.
En los
procedimientos se detuvo a 23 miembros de la banda, entre ellos a quien sería
el lider que armo la maniobra. Según los informantes, la organización delictiva
hacía un especie de by pass para extraer del oleoducto el crudo y pasarlo a
piletones que habían hecho en la tierra para después, con el auxilio de
mangueras, cargar el petróleo en camiones y transportarlo a diferentes
destilerías clandestinas.
Organización
criminal
Fueron
detenidas 23 personas relacionadas directamente con la maniobra, y entre ellos
figura el cabecilla, que es el capitalista y organizador de la banda criminal,
y quien disponía de toda la logística para la perpetración del delito en todo
el circuito -y que fue apresado en una destilería de Olavarría-, que incluyó
hasta la compra de camiones, tanques y máquinas para el procesamiento del
petróleo crudo, luego convertido en combustibles.
Durante la ejecución de los allanamientos fueron secuestrados 12 millones de pesos, 3 mil 700 dólares, 2 mil 485 euros y 1010 pesos bolivianos, siete camiones,6 cisternas y 12 livianos, bombas de succión, 15 tramos de manguera para camión cisterna, soldadores y herramientas especiales para la realización de maniobras denominadas "boca de pez" con los que se extrae petróleo crudo de los oleoductos y 17 teléfonos celulares, cinco armas de fuego, una pistola Glock calibre 40 -que es un arma de fuego de guerra-, tres escopetas calibre 16 y una carabina calibre 22 de precisión, todas en buenas condiciones de mantenimiento y de funcionamiento, 130 balas y cartuchos de diferentes calibres.
Durante la ejecución de los allanamientos fueron secuestrados 12 millones de pesos, 3 mil 700 dólares, 2 mil 485 euros y 1010 pesos bolivianos, siete camiones,6 cisternas y 12 livianos, bombas de succión, 15 tramos de manguera para camión cisterna, soldadores y herramientas especiales para la realización de maniobras denominadas "boca de pez" con los que se extrae petróleo crudo de los oleoductos y 17 teléfonos celulares, cinco armas de fuego, una pistola Glock calibre 40 -que es un arma de fuego de guerra-, tres escopetas calibre 16 y una carabina calibre 22 de precisión, todas en buenas condiciones de mantenimiento y de funcionamiento, 130 balas y cartuchos de diferentes calibres.
Como
corolario del trabajo investigativo judicial y policial, este martes hubo casi
100 policías federales que ejecutaron decenas de allanamientos en cuatro
provincia argentinas: Olavarrái, Bahía Blanca, La Matanza, Hurlingham, General
Rodríguez, Pilar y Ramallo en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de San
Lorenzo en la provincia de Santa Fe, en La Pampa y en Neuquén, y también
estuvieron presentes funcionarios de la Administración Federal de Ingresos
Públicos AFIP.
"Queremos
destacar el trabajo de las autoridades que llegaron a este resultado. La
compañía colaboró en todo momento durante la etapa de investigación desde el
Departamento de Seguridad y hoy se ven los resultados positivos del trabajo
conjunto desde YPF que llevó hace más de tres meses" hasta la resolución y captura de los implicados contra el estado.
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