Bienvenidos a "La Web del Municipal de Lanús"
Por Diego
Kravetz – @diegokravetz
En nuestro país solemos ser oscilantes en distintos
temas. La seguridad no es la excepción. Otra vez volvemos a debatirnos
entre dos extremos de un mismo péndulo. A decidir si nos ponemos del lado de la
apología de la libertad a ultranza de unos, que significa para otros vivir
autoencarcelados en nuestras casas, o apoyamos la exigencia de una "vía de
solución" tan absurda como aquella, que busca aplicar violencia desmedida
contra un chivo expiatorio de turno. Este falso dilema nos impide avanzar
hacia lo que es necesario y urgente.
Hace pocos meses discutíamos el caso Chocobar. Hoy
todos hablamos de Leandro Miguel Alcaraz, el joven colectivero que fue
asesinado el domingo. Es cierto que hay criminales en condiciones precarias de
vida, pero ¿qué tipo de justificación constituye esto para un asesinato a
sangre fría, sin siquiera robo de por medio, en plena vía pública?
Es que estamos ante una pregunta equivocada. Nadie
discute que los procesos penales y operativos se realicen con todas las
garantías de la ley. El problema es justificar la actividad criminal por la
pobreza, porque la otra cara de ese "garantismo" es el pedido de
"mano dura", argumento de una catarsis social que pide pena de
muerte para cualquiera señalado como criminal. Porque de eso se trata el falso
dilema: el garantismo y la mano dura son dos caras de la misma moneda, una
moneda que representa el costo social de una problemática ciudadana que aún
está lejos de resolverse.
Creo que para pacificar debemos buscar el punto
común, que es lo que estamos haciendo hoy en la provincia. No solo me refiero a
un acuerdo entre ciudadanos, sino entre las sucesivas administraciones. El
espectro de posibilidades que existen por fuera de este péndulo es enorme si
encontramos un punto de acuerdo que habilite un programa de trabajo a largo
plazo como el que estamos implementando. Lo que hay que pensar es un
esquema en el que el cumplimiento de la ley sea para todos igual, ricos o
pobres, vivan donde vivan. Si no, lo que vemos es una discriminación
inversa, dicho de otra manera, que vivir en la marginalidad habilita a violar
la ley. Toda política de cumplimiento efectivo de la ley implica respeto y
sanciones proporcionales a los delitos cometidos, de la misma forma que un
programa de transformación en la situación social y cultural de grandes
sectores de la población. Esto solo se hace con más educación e inclusión.
No existe una solución única y fácil como pretenden
quienes piden mano dura, ni una transformación por acto de fe, como parecen
implicar quienes defienden el garantismo. Porque los errores en materia de
seguridad ciudadana no tienen reparación posible. A las víctimas no podemos
devolverles lo que han perdido, pero sí sumarlos en la construcción de un mejor
sistema de convivencia que nos permita a todos vivir mejor.
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